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La paralización de la licitación de obra pública en la provincia mantiene bloqueados, por la crisis económica asociada al coronavirus, un total de 17 proyectos de infraestructuras, que corresponde ejecutar a diferentes administraciones, y por un valor aproximado de 3.222 millones de euros, según estimaciones de la Federación de Obra Pública de Alicante (Fopa). Actuaciones que de ponerse en marcha tendrían en efecto motor para la economía provincial, al facilitar empleo directo e indirecto a 80.000 trabajadores de forma permanente, según calcula Javier Verdú, presidente de Fopa, en base a que por cada un millón de euros invertidos en infraestructuras se generan y mantienen entre 23 y 25 empleos directos e indirectos. El grueso de la licitación corresponde al Gobierno central (2.532 millones) y el resto se reparte entre el Consell y la Diputación.