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Hasta trece requerimientos de información sin éxito del Síndic de Greuges al Ayuntamiento de Alicante en tres quejas abiertas por denuncias ciudadanas relativas a retrasos en el pago de la dependencia y de la renta valenciana de inclusión, que dependen de Generalitat pero que necesitan de trámites municipales imprescindibles para autorizar su pago. Este evidente bloqueo de información por parte del bipartito, liderado por Luis Barcala (PP), al Defensor del Pueblo valenciano puede desembocar en un guerra sin cuartel entre ambas instituciones. Y es que el Síndic, encabezado por el alicantino Ángel Luna, puede llevar a Fiscalía a un cargo público e incluso buscar su inhabilitación si se niega «sistemáticamente» a facilitar la información requerida para estudiar las quejas ciudadanas. Así lo anunció Luna en las Cortes Valencianas a principios de este año, donde compareció en la Comisión de Peticiones para presentar el informe anual de gestión de la institución correspondiente a 2018. «No es posible que algo que es tan sencillo como facilitar la información de la que se dispone, alguien se considere en una situación de privilegio de que la información es suya y que no tiene porque compartirla», manifestó el Síndic.